La democratización de la corrupción

La democratización de la corrupción

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La corrupción ha crecido y se ha extendido a todos los partidos con la democracia mexicana de acuerdo con Luis Carlos Ugalde.

El evidente cinismo con que algunos gobernantes y miembros de partidos políticos han actuado en los últimos meses antes los escándalos de corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos, ha provocado una severa crisis política que ha dañado de sobremanera la imagen internacional de México.

A este respecto Luis Carlos Ugalde quien fue consejero presidente de la ahora extinto IFE, publicó el pasado 1 de febrero en la revista Nexos, un artículo muy interesante, Por qué más democracia significa más corrupción, y comienza señalando que México padece un severo problema de corrupción.

México reprobado en corrupción

El país no ha superado en los últimos 15 años las calificaciones reprobatorias que varían entre 3.3 y 3.7 (en una escala de 1 a 10) del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Ocupó el lugar 78 entre 99 países y el 12 de 15 en América Latina en materia de sobornos, en el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project. Según el Foro Económico Mundial la corrupción es ya el principal obstáculo para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad. La mayoría de los mexicanos cree que la corrupción es muy alta y creciente. Según el Barómetro de las Américas, en 2004, 38.6% de los mexicanos pensaba que la corrupción estaba generalizada entre los funcionarios públicos. La cifra creció a 47.9% en 2010. 77% de los encuestados percibía altos niveles de corrupción en México.

La democracia no ha ayudado a combatir la corrupción sino al contrario

El problema no ha mejorado con la alternancia política en los gobiernos, lo cual desmiente la idea de que el cambio de partido en el poder tiende a resolver la corrupción. En ocasiones la alternancia agrava las cosas. Se oye decir con frecuencia de los nuevos gobiernos: “Como nunca han estado en el poder quieren robar más rápido”.

Una modalidad frecuente es la del pago de comisiones por contrato de obra pública o compra. El famoso “diezmo”, los famosos “moches”, han subido en algunos estados y pueden llegar hasta 25% o 30% del valor de una licitación. Es un fenómeno tan extendido que muchos contratistas se sorprenden cuando no les piden comisión. Dar soborno se considera en ocasiones un seguro de acceso, parte de los costos de transacción.

En algunas entidades son los parientes del gobernador quienes negocian los moches o intermediarios de gran confianza del mandatario. Algunos empresarios se quejan en privado pero los organismos empresariales no hacen nada al respecto. La codicia se ha democratizado y llega hasta la base de la pirámide. Cada funcionario que firma una orden de compra quiere su tajada. A principios de 2015, por ejemplo, se supo por un video que difundió el diario Reformaque el secretario de Administración del municipio El Marqués, Querétaro (población 116 mil 458 habitantes), solicitaba a un proveedor una comisión de 50 mil pesos por dos contratos recibidos.

Promesas incumplidas y otras prioridares

Durante su campaña a la presidencia de la República en 2000, Vicente Fox prometió que acabaría con las “tepocatas y víboras prietas” del PRI, como llamaba a los políticos corruptos de ese partido. Con arrojo y candidez había prometido limpiar la casa de décadas de corrupción y abuso del poder. Aseguraba que sacando al PRI de Los Pinos se terminaría con el “cochupo” y que México sería un país íntegro y honesto.

El presidente Felipe Calderón concentró sus energías en combatir al narcotráfico y se olvidó del problema de la corrupción. Aunque en el ámbito federal no estallaron casos notorios de corrupción durante su sexenio (2006-2012), en ese periodo creció notablemente el problema de la malversación de fondos públicos en los gobiernos locales.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto inició su periodo, en diciembre de 2012, los temas prioritarios eran las reformas del Pacto por México, notoriamente la energética, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la educativa

Mover a México

Una teoría implícita de la vida democrática es que a mayor democracia menor corrupción. La ecuación funcionaría así: más democracia significa más pluralismo; el pluralismo estimula los pesos y contrapesos entre poderes de gobierno; asimismo, el pluralismo se acompaña de mayor participación ciudadana y de mayores libertades, entre ellas la de expresión que sirve para denunciar casos de corrupción y fomentar su castigo.

En los últimos 30 años México ha tenido avances significativos en materia de construcción normativa e institucional para controlar y prevenir la corrupción. La propuesta para crear un sistema nacional anticorrupción es positiva, pero incompleta. Antes se requiere romper los grilletes que tienen capturada a la clase política: financiamiento paralelo, moches, prerrogativas, confort.

En los últimos 20 años pasamos de una gobernabilidad autoritaria —la del partido hegemónico y corporativo de la segunda mitad del siglo XX— a una gobernabilidad clientelista —la del pluralismo alimentado por prebendas que socava los pesos y contrapesos democráticos y estimula la complicidad y la impunidad—. Construir una democracia funcional y liberal implica ahora construir una gobernabilidad que descanse —simple y llanamente— en la aplicación universal de la ley, sin excepciones. Combatir la corrupción implica desmantelar el clientelismo como mecanismo de gobernabilidad. Ése es el mayor reto político de México.

Eso sería realmente mover a México